En México, 92.6 millones de personas viven en ciudades mayores a 15,000 habitantes, lo que representa el 74.2% de la población total² del país. Este dato meramente cuantitativo da cuenta del peso que tiene la población urbana en el agregado social en México. Sin embargo, la complejidad de las relaciones humanas que existen en los espacios urbanos hace que sea más difícil caracterizar cómo son sus formas de organización en la búsqueda de beneficios en común.

Las diversas formas de integración comunitaria en las ciudades también tienen el común denominador de buscar avanzar en la solución de problemáticas múltiples que abarcan temas como la falta de seguridad urbana, la presencia de pobreza, desigualdad, segregación espacial y exclusión social que son originadas, o bien, agudizadas por la fragmentación urbana existente en las zonas marginadas, principalmente. Estos problemas, entre otros factores, conllevan una fragmentación social e impiden el ejercicio de derechos ciudadanos así como el acceso a las oportunidades de desarrollo de capacidades individuales y colectivas, particularmente en las urbes de países subdesarrollados.

La superación colectiva del conjunto de problemas para lograr mejores ciudades apunta hacia generar las condiciones sociales y económicas desde donde la población pueda desarrollar mejor sus capacidades y satisfacer plenamente sus necesidades personales y materiales en un contexto de “cultura de paz”, que signifique seguridad urbana y seguridad humana en territorios pacificados. Los actores principales de la vida de la ciudad los componen la población que vive en ella, por lo que en todo momento y desde todas las perspectivas, deben estar en el centro de la planeación urbana en todas las escalas geográficas. Jane Jacobs identificó el rol central de los habitantes en la vida de una ciudad, argumentando que las ciudades son creadas por la gente y para la gente. Al respecto, para Edward Glaeser:  “Las ciudades son su gente, no sus edificios” (Peña, 2016).  Lograr mejores ciudades se construye desde abajo; para ello, es necesaria la creencia colectiva en un destino común (Garnier, 2007: 19), lograr una visión de empatía y ver a los demás como pares, como iguales, y así poder identificar necesidades compartidas (Segovia, 2005: 8). La construcción de comunidad implica tender hacia la convergencia de intereses en común, a la reducción de desigualdades y a la resolución de conflictos por la vía pacífica. A su vez, la reducción de desigualdades permitirá participaciones más activas y así desarrollar una mayor capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con los integrantes de la colectividad.

Los alcances de la participación comunitaria pueden verificarse en diferentes escalas geográficas, como la colonia o el barrio, por lo que es importante particularizar cada contexto territorial y precisar los detalles de acción mediante la construcción de estrategias de intervención que respondan a las necesidades específicas de un colectivo de población con características particulares y territorialmente localizada. A esto es lo que Peña (2016) plantea como Participación Ciudadana Estratégica.

//Es necesario que la población habitante de un determinado territorio transite exitosamente hacia un empoderamiento ciudadano que la conduzca al ejercicio de la planeación y gestión del desarrollo urbano,

así como hacia la toma de decisiones que afecten directamente su asociación con el entorno físico y con las instituciones sociales, públicas y privadas. Es importante desarrollar altos niveles de participación que le permitan incidir colectivamente en esas decisiones que conduzcan a transformar favorablemente su entorno y su conjunto de relaciones; esto es lo que Peña (2016) llama Planeación Urbana Participativa.³ De esta forma, es posible la cooperación para conseguir objetivos en común que redunden en bienestar comunitario; esto es lo que algunos autores reconocen como capital social.⁴ Los objetivos en común pueden ser identificados si existen entre la población rasgos de identidad, apego y sentido de pertenencia al grupo social y al lugar en el que habitan, ya que funcionan como elementos integradores de los miembros de una comunidad en torno a expectativas de bienestar compartidas. De esta forma, las estrategias de gestión, diseño, activación, conservación y mejoramiento de los espacios públicos basados en la identidad comunitaria,⁵ tendrán mayores probabilidades de estimular la cohesión social local.⁶

Ejercicio de derechos urbanos y ciudadanía

La participación ciudadana organizada permite el ejercicio colectivo de derechos ciudadanos tales como el derecho que tiene la gente de mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, el derecho a la ciudad,⁷ el derecho al espacio público⁸ y, en línea general, los derechos contemplados en las disposiciones plasmadas en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad.⁹ Sin embargo, teóricos como John Friedmann argumentan que ser ciudadano no se adquiere automáticamente por el hecho de vivir en una ciudad, sino que el ciudadano actúa por un bien común¹⁰ y en sincronía con los intereses colectivos de quienes co-habitan en ella. El ejercicio comunitario organizado de estos derechos es el motor de la capacidad colectiva local de gestión de los espacios urbanos. Cuanta más cohesión logre la comunidad, mayor será su capacidad de gestión ante otras instancias sociales y de distintos órdenes de gobierno, lo que permitirá integrar barrios, colonias y ciudades políticamente participativas y socialmente corresponsables. Éstas permitirán el disfrute democrático y equitativo de sus servicios, equipamientos y oportunidades, fortaleciendo la convivencia local.¹¹

La construcción colectiva de capacidades locales dirigidas hacia la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana ante instancias de gobierno para tomar parte en las ofertas institucionales de estrategias integrales de intervención sociourbana, debe enfocar sus iniciativas y propuestas hacia la recuperación del espacio social, no solamente al rescate del espacio físico. Para tal efecto, es necesario que tengan enclave en la sociedad, es decir, que respondan a las características demográficas, socioeconómicas, culturales y ambientales de cada lugar, por lo que deben ser específicas y territorialmente delimitadas. De otra forma, cualquier tipo de intervención significaría un tipo de imposición incapaz de resolver la problemática local. Es a través de la organización colectiva local que es posible desarrollar formas de planeación urbana participativa, que consiste en mecanismos institucionales que permiten la incidencia organizacional en la toma de decisiones como ejercicio de una cultura democrática (Peña, 2016: 24); y en la capacidad adquirida de diseñar la vocación del espacio público que más se adecue a las necesidades físicas y sociales de la población determinadas por sus condiciones de edad, sexo, presencia de discapacidad, culturales, deportivas y de desarrollo de capacidades. La sostenibilidad de esta capacidad también debe recaer en el compromiso vecinal de participación durante las fases de activación y de conservación del espacio, como condición para garantizar trascender el acompañamiento de administraciones de gobierno temporales.

Seguridad ciudadana

Para los grupos de población que viven en las ciudades, la seguridad urbana implica el fortalecimiento de elementos de convivencia dentro de espacios públicos y ámbitos privados. Ésta recae en la prevención antes que en la disuasión de cometer actos antisociales, mucho menos en la reacción tras la comisión de éstos.¹² Un entorno seguro estimula el ejercicio de derechos en colectivo; materializar tal condición puede lograrse si y sólo si existen mecanismos de co-producción de la seguridad. “El involucramiento de la comunidad en la seguridad ciudadana es crucial, ya que es requerida en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las acciones de prevención de la violencia urbana a nivel local” (Martínez, 2016). La prevención de la violencia se traduce en mayores condiciones de seguridad y en mayores oportunidades en el acceso a servicios y al desarrollo de capacidades, lo que diversifica las alternativas para reducir las desigualdades socioeconómicas entre los integrantes de una comunidad, ya que la violencia está más relacionada con la desigualdad y la exclusión que con la pobreza¹³. En síntesis, las políticas y acciones de prevención social deben ser resultado de la convergencia entre la participación de la ciudadanía y las acciones del Estado. Además de procurar la salvaguarda patrimonial y de integridad, se generan entornos que propicien la convivencia y la cohesión social para lograr el aprovechamiento del máximo potencial como comunidad, incrementándose así la capacidad de gestión para instrumentar estrategias sociourbanas de prevención.¹⁴

Rol del espacio público en la construcción de ciudadanía y seguridad ciudadana

El espacio público cumple funciones urbanísticas, socioculturales y políticas (Martínez, 2016). Es en el espacio urbano donde se desarrolla la vida colectiva de la ciudad, transformándose así en un espacio social donde debe facilitarse la interacción y la construcción de identidad comunitaria; donde es posible reconocer diferencias y coincidencias con los vecinos, ya que por naturaleza somos más solidarios con las personas con las que nos identificamos. El espacio público tiene que funcionar como el círculo virtuoso, el punto de partida y el objetivo de iniciativas que incidan en un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Desde el espacio público se construye comunidad a partir de procesos de co-presencia que impliquen la apropiación colectiva del mismo; se desarrollan las capacidades de gestión transformadoras para el bien colectivo que, entre otros objetivos, tiene la adecuada gestión del espacio mismo para su conservación y mejoramiento como patrimonio urbano colectivo, que dote a la ciudadanía de visibilidad e identidad. Al respecto, Borja (2000) argumenta que: “Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía”. Para tal efecto, es importante dotar a los espacios de significados sociales que incrementen la identidad colectiva.  Los procesos de construcción social suceden en el espacio público, por lo que el ambiente que lo caracteriza determina los tipos y la fortaleza de las relaciones que ahí se desarrollan entre los miembros de la comunidad. De tal manera, un espacio público debe ser ético y democrático en el sentido de que prevalecerá el interés general sobre el interés particular. De esta forma, la vida social de los espacios públicos contribuirá a la calidad de vida como individuos (Castilla y Bernal, 2006) y se identifica como una de las condiciones básicas para la justicia urbana (Borja, 2000).

Conclusiones

Para que los grupos de población que viven en centros urbanos tengan un mejor acceso a la satisfacción de necesidades y al desarrollo de capacidades así como al derecho de disfrutar su entorno físico en condiciones de seguridad e integridad personal y patrimonial, es necesario construir formas de participación colectiva que estimulen su empoderamiento en la toma de decisiones concernientes a los aspectos en común de sus vidas como miembros de una comunidad. Para el cabal logro de sus objetivos, los procesos de participación comunitaria deben construirse de “abajo hacia arriba”. Solamente de esta forma los usuarios de la infraestructura urbana y espacios públicos podrán disfrutarlos de acuerdo con sus características sociales, demográficas y culturales. Este disfrute significa un ejercicio colectivo e incluyente de derechos urbanos. La identidad y el sentido de pertenencia colectivo respecto al entorno urbano convierten a ese territorio en un lugar con significado social; por lo tanto, el espacio público es el lugar por excelencia para el ejercicio de esos derechos urbanos, ya que debe actuar como objetivo y punto de partida de procesos comunitarios. La participación ciudadana funciona como un insumo de la seguridad urbana. De esta forma, los procesos de convivencia y de generación de condiciones idóneas de seguridad deben ser incluyentes para todos los integrantes de cada comunidad. Así, el éxito de estos procesos dependerá de la participación de colectivos fuertemente integrados, al mismo tiempo que se reducen las desigualdades entre sus miembros, estimulando mejoras tangibles en la calidad de la vida urbana. De esta forma, la participación comunitaria en los centros urbanos guarda una estrecha relación con la construcción de ciudadanía y la gestión de la seguridad urbana, los que son elementos clave para tener mejores ciudades que incidan en la calidad de vida de los colectivos de población que ahí habitan.