Es evidente la premura con que se dio la Reforma Energética (RE) propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. No solamente la iniciativa que fue presentada en agosto de 2013 y aprobada en diciembre del mismo año, sino también sus leyes secundarias que fueron aprobadas al año siguiente, pues para 2015 ya se encontraba lista la primera licitación para capitales privados. Esto, según Cesar Augusto Díaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo que ha provocado que los órganos regulatorios de la misma sean débiles y acotados.

Ahora bien,

//uno de los principales motivos que impulsaron a la Reforma fue la inclusión en el mercado nacional de las empresas energéticas internacionales que no solamente dinamizaran el mercado a través del comercio del petróleo sino de otras fuentes energéticas más ecológicas y renovables,

lo cual no se ha visto, pues lo único que ha mostrado una acelerado incremento son las licitaciones correspondientes a los hidrocarburos.

Las instituciones que han surgido para regular el asunto energético en el país han sido: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y uno de los principales objetivos compartidos por todas ellas, la prevención de desastres que deriven en daño ambiental, no se ha dejado ver frecuentemente en la industria.

Para Díaz, los problemas son muy obvios, mientras que la ASEA cuenta con una terrible falta de personal para desarrollar sus labores correspondientes a la verificación de seguridad de la infraestructura, la CNH comparte el mismo problema, poco personal para verificar toda cuestión contractual y fiscal de los contratos con las empresas y su cumplimiento.

Desde el principio no se podía esperar demasiado si consideramos que las licitaciones se autorizaron primeramente a PEMEX en la ronda cero y a las empresas particulares en la ronda 1, sin que las herramientas de regulación hubieran estado siquiera terminadas.

Es preciso reflexionar y no hacer caso omiso de esta problemática, pues si bien hemos hablado de las desventajas de estas instituciones debilitadas en cuanto al daño ambiental, no es esa su única función.  Mientras el Estado mexicano no disminuya sus índices de corrupción e impunidad, tampoco lo harán sus instituciones, y con ello podemos ver más y más problemas por venir.