Durante la última década han circulado por las redes innumerables testimonios y videos sobre la forma en que las fuerzas armadas se conducen en un ambiente puramente civil, es decir, la manera en que lidian con el crimen cotidiano al que se enfrenta el ciudadano de a pie. Detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, desaparición forzada e incluso ejecuciones arbitrarias, eso es lo que se ha visto hacer a las fuerzas armadas que, bajo la insignia del combate al narcotráfico, han cometido gravísimas vejaciones a los derechos humanos. Ello sin que las estadísticas señalen una disminución en las tasas de violencia y desapariciones en el país.

Pero, ¿cómo llegamos a tener a los militares permanentemente en las calles? Todo comenzó en el año 2006 en que nuestro país vio el ocaso del presidente de la "alternancia política", un presidente que prometió demasiado y, por lo menos para la ciudadanía en general, cumplió muy poco. Con la salida de Vicente Fox de la presidencia de México, le llega el turno de vestir la banda presidencial a Felipe Calderón Hinojosa, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con una maestría en Harvard y una prometedora carrera política en el Partido Acción Nacional. Toma protesta como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos el día 1 de diciembre de 2006.

Ese día de diciembre no pudo ser más caótico pues se vio obligado a entrar en San Lázaro por la puerta trasera y debió realizar su juramento como presidente rodeado de militares y policías, mientras sus compañeros de partido cercaban la tribuna intentando impedir que los miembros de las bancadas contrarias subieran a ella. Para algunos, este caos presente en su toma de posesión sería sólo una predicción de lo que le esperaba al país en materia de seguridad, pues como daría a conocernos el presidente electo sólo unos meses después, estaba decidido a comenzar una guerra abierta contra el narcotráfico.

Efectivamente, desde el inicio de su mandato, Felipe Calderón declaró una guerra sin tregua en contra de la delincuencia organizada logrando así que las tasas de homicidios, desapariciones y violencia en el país se dispararan en las gráficas y en la realidad esto se viera reflejado en la pérdida de miles de vidas. Las familias se vieron gravemente afectadas por la violencia.

//En resumen, hubo miles de víctimas, directas e indirectas, de una estrategia de seguridad que hasta el momento no ha logrado lo que prometió: acabar con el crimen organizado en el país.

La siguiente gráfica, realizada por investigadores del Programa de Política de Drogas del CIDE, Región Centro, con datos proporcionados por el INEGI, muestra el número de homicidios por año, desde 1990 hasta 2012. Resulta notorio el aumento en el conteo total de homicidios a partir del año 2007, alcanzando números no registrados en poco menos de 20 años. Aún más, se desprende de la gráfica que en los años anteriores a 2007 el número de homicidios estaba disminuyendo a nivel nacional.

Ahora bien, aunque las explicaciones para este aumento en los índices de homicidios pudieran ser muy variadas, diversos estudios señalan que el incremento de la violencia se debe a la política de seguridad que implementó Felipe Calderón en su lucha contra el narcotráfico, la cual “involucró la directa y frecuente intervención de contingentes militares para combatir el crimen organizado”.

En el mismo tenor, María del Pilar Fuerte señala que los altos niveles de inseguridad se originan a partir de dos cuestiones centrales: “la inestabilidad del mercado de drogas y el combate militar que impulsó el gobierno de Felipe Calderón”. Ella misma señala cómo esta estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado logró que los índices de criminalidad en México aumentaran en un 300% comparado con el sexenio de Vicente Fox. A este respecto, la misma autora citando a diversos académicos afirma que “la estrategia militar que el estado utilizó para imponerse dentro del territorio fue un factor clave en el aumento de la violencia”.

En este contexto, en conjunto dos diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, y un senador de Partido Acción Nacional, Roberto Gil Zuarth, han presentado iniciativas con proyectos de decretos por los que se expide la Ley de Seguridad Interior. Si bien ambas iniciativas presentan algunas diferencias menores, la realidad es que las dos señalan una necesidad de regular mediante instrumentos jurídicos la actuación de las fuerzas armadas en las calles. Como se expondrá a continuación, bajo una perspectiva de protección a derechos humanos, la intervención del ejercito debería ser mínima y sólo en casos de real necesidad, pues como ha sido señalado innumerables veces por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.

//Las fuerzas armadas no tienen el entrenamiento adecuado para perseguir y capturar criminales en un ambiente civil, pues están preparados para una lógica de guerra.

A este respecto se presenta a continuación una tabla creada por el doctor Alejandro Anaya, en la cual nos reseña el número de quejas anuales presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos, en la cual podemos observar cómo éstas han ido en aumento cada año.

Resulta igualmente interesante la forma en que ambas iniciativas toman como referente al artículo 89 constitucional que señala las facultades y obligaciones del presidente de la Republica, y que en su fracción VI indica que el presidente deberá preservar la seguridad nacional disponiendo para ello de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Esto se toma como justificación suficiente para que el presidente despliegue a las fuerzas armadas en el territorio nacional sin mayor explicación que los altos niveles de criminalidad que, además, como ya vimos, tienen una alta relación con la presencia del ejército en las calles. Sin embargo, en ninguna de las dos iniciativas se hace alusión a la mención expresa que realiza el artículo 21 constitucional de que las instituciones de Seguridad Pública deberán ser de carácter civil, disciplinado y profesional.

Ambas iniciativas parecen pasar por alto que la forma en que se encuentra redactado el numeral 89 que por su topografía y atendiendo a la naturaleza de las fuerzas armadas de un país, nos refiere, de manera más adecuada, a que cuando ahí se habla de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, en realidad se está refiriendo a las amenazas externas en contra del Estado Mexicano y no a las labores policiacas de investigación y detención de criminales, debiendo tomarse en cuenta, además, que la propia Constitución señala que la Seguridad Pública deberá ser responsabilidad de instituciones de carácter meramente civil.

No obstante, lo que resulta aún más peligroso es que ambas iniciativas plantean mecanismos que, aunque lo nieguen, resultan en formas mucho más simplificadas y sencillas que la suspensión de derechos y garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución. Los diputados del PRI le llaman Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y el Senador del PAN señala una Declaración de Afectación a la Seguridad Interior. En realidad, ambas figuras contemplan los mismos supuestos (con modificaciones menores, claro) para su implementación que la restricción de derechos del numeral 29 Constitucional. Si tomamos en cuenta el pequeño esbozo que se realizó en las primeras páginas sobre la situación real que se ocasiona con la presencia de las fuerzas armadas en el territorio nacional, además de que no debemos perder de vista los altos niveles de corrupción que afectan al Estado Mexicano y las recientes imputaciones contra el Ejecutivo Federal por el espionaje de organizaciones y activistas, resulta idóneo que nos preguntemos si estas iniciativas de Ley no son más que pretextos para recrudecer la presencia militar. Justificaciones que buscando la represión de los opositores al régimen actual, facilitan la vía para la suspensión o restricción de derechos humanos y sus garantías a los individuos no gratos para el Estado aunque esto no se encuentre realmente justificado. O, ¿cuál podría ser la razón para continuar con esta crisis de seguridad manteniendo al ejército en las calles?