Prohibición y reducción de daños en materia de drogas

La prohibición de determinadas drogas nace en el siglo XX cuando el hábito de consumir psicoactivos rebasa los límites de tolerancia de la moralidad conservadora. Antaño, dichas prácticas eran consideradas adicciones con cierto status social² (Rodrigues y Labate, 2015).

//La prohibición encuentra sus orígenes en una mezcla de moralismo, racismo y xenofobia, no sólo en la sociedad estadounidense sino en Latinoamérica.

Un claro ejemplo de esto es México, en donde el consumo de drogas ahora ilegales siguió sin mayor problema hasta el Porfiriato, para luego frenar esta tolerancia por el consumo de opio de chinos inmigrantes en México. Alimentados por discursos higienistas, racistas y evolutivos sobre purificación racial provenientes de Europa y Estados Unidos, porfiristas y revolucionarios incrementaron posiciones prohibicionistas frente al consumo de opio.

No fue una casualidad que para 1917, al tiempo en que comenzaba la prohibición en México, se retomaran los temas sanitarios como problemas de seguridad nacional, y comenzaran a surgir los primeros códigos sanitarios así como el Consejo de Salubridad Pública en 1930. Era clara una influencia moralista e higienista en la salud pública preocupada por la rectitud moral y la purificación racial del país (ídem).

Actualmente, la legislación de drogas en México responde a un cruce entre la legislación penal y de salud, alimentándose una a la otra en disposiciones de salud y seguridad. El Código Penal Federal establece un capítulo sobre delitos contra la salud que da algunos conceptos básicos como el de narcótico, cuya lista exhaustiva se da en la Ley General de Salud, siendo esta misma legislación la que impondrá criterios de consumo mínimo de algunas sustancias y sus respectivas penas.

Por tanto, y sustentada además en diversos Planes Nacionales de Desarrollo (i.e. 2006-2012) y Encuestas Nacionales de Adicciones (i.e. 2012), la perspectiva dada al uso de algunas drogas, no sólo desde un punto de vista penal sino también de salud, es la prohibicionista, misma que alimenta campañas de salud que optan por la desinformación y acciones a favor del abstencionismo.³

El total fracaso de estas campañas de corte abstencionista, nacidas de una presión estadounidense de orden puritano, debería suscitar la reflexión al verlas perder por completo sus objetivos explícitos, dilapidando recursos públicos con metas irrealizables y programas preventivos mal formulados (Romaní, 2008). En México, se estima que por cada dólar que se invierte en reducción de la demanda de drogas ilegales, se gastan 16 en el control de la oferta (Barra, 2013).

Además, y con mayor importancia, los problemas de adicciones reales que correspondería tomar al Estado son abordados desde una perspectiva de corte punitivo y no de salud, convirtiendo a consumidores ocasionales en criminales y aumentando los problemas de salud al respecto (Romaní, 2008).

Desde el problema del VIH, una corriente nueva nacida de Europa se dedicó a tomar una problemática de salud de manera directa y realista. Estas políticas son conocidas como de reducción de daños y riesgos y pueden ser definidas como un conjunto de estrategias, individuales y colectivas que se desarrollan en el campo social, sanitario y terapéutico, con el fin de minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo de drogas. Los objetivos de estas políticas son:

• Fomentar el desarrollo de una política sanitaria y social con una red de asistencia para los drogodependientes adaptada a sus necesidades y demandas y, consecuentemente, aumentar su posibilidad de acceso al sistema sociosanitario.
• Crear recursos de ayuda para los drogodependientes que, por las circunstancias que sean, no están en condiciones de iniciar un tratamiento relativo a su adicción.
• Ayudar en la aceptación de las drogodependencias como una realidad que, por el momento, no dejará de existir, e impulsar un conjunto de ayudas sociales que mitiguen la marginalidad y la consecuente exclusión social (ídem, p. 305).

Los anteriores objetivos, realistas en su ejecución, han encontrado éxito en países europeos que se han propuesto implementarlos. En México, donde se ha iniciado una Guerra a las Drogas con el argumento de un consumo creciente (Presidencia de la República, 2012), y el control de la demanda, ha llevado a altas pérdidas monetarias así como a un mal acercamiento a un problema de salud pública, dichas políticas no han sido aún implementadas.

Dado que la salud pública es monopolio del Estado –quien ha mantenido una postura prohibicionista, una intervención en los cuerpos, mandándoles a la criminalidad por un presupuesto de salud e indispuestos a políticas nuevas–, es evidente el cambio de orientación inmediato en las representaciones sociales hegemónicas alimentadas por las campañas de salud pública.

En este caso particular, si en efecto hemos de justificar el monopolio de salud⁴ por el beneficio social que ofrece, la imposición de una ideología sobre drogas con objetivos imposibles debe estar absolutamente fuera de la mesa. La visión adecuada es la búsqueda de mayores cuotas de bienestar para la mayoría de la población, por medio de una gestión de los usos de drogas que disminuyan significativamente su posible conflictividad personal y social (Romaní, 2008).

La prohibición sólo beneficia a unas minorías y resulta inútil para los fines del Estado, así como contraproducente para la salud pública de las poblaciones y la salud democrática de las sociedades (ídem). Como empresa al servicio de la sociedad, una evaluación constante de su constitución debe ser hecha, más allá de dar por sentada su efectividad por lo que representa.

Las nuevas políticas de drogas

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha apoyado abiertamente la legalización de la marihuana, llevando más allá la dictaminación de la Suprema Corte sobre la prohibición de la misma y pasando de un dilema sobre legalización, a un cómo legalizar. De acuerdo con algunos expertos, los criterios mínimos para llevar a cabo dicha legalización han sido llevados a cabo por el momento (Hoffman & Bejarano, 2019).

Entre dichos criterios, denominados las “Diez P para la legalización de la marihuana” se encuentra el siguiente requisito o problema a ser tomado en cuenta en dicha legalización:

Prevención: Para minimizar el uso problemático, la información y la prevención son vitales. Si bien la iniciativa requiere que los dispensarios, los clubes de cannabis y la agencia reguladora lleven a cabo campañas de información y prevención, aún no se ha determinado el financiamiento para ellos (ídem, s/p).

Este problema previsto por el experto en políticas de drogas, Beau Kilmer, deja entrever un acercamiento de reducción de daños, desde el momento que habla de minimizar el uso problemático, al tanto de que una eliminación total es prácticamente imposible, y basándose en la información y criterios de prevención como principales herramientas para combatir este uso problemático. A la par, se concentra en minimizar sólo el uso problemático, sin mencionar el uso no problemático con alguna perspectiva moralista o higienista.

Si bien se ha dicho (Hoffman y Bejarano) que la propuesta de legalizar la marihuana en México es completa y prevé los problemas de las Diez P, es de señalarse que la tendencia prohibicionista en el discurso político sigue vigente. El viernes 22 de febrero, el presidente López Obrador anunció en su conferencia matutina una campaña nacional contra el consumo de drogas, misma que parece haber armado tras una reunión con pastores de iglesias cristiano-evangélicas, que le urgieron presentar la cartilla moral.

La campaña, a la letra, constaría de lo siguiente:

[…] reducir, frenar, el consumo de drogas en el país, y en este caso lo queremos hacer de manera conjunta, lo vamos a proponer incluso, a Estados Unidos, para que se atienda a los jóvenes y haya información, estamos preparando una campaña de difusión y nos van a ayudar los medios de información, estamos hablando ya con concesionarios [sic] de redio [sic] o de cadenas de televisión, con prensa escrita, todos vamos a trabajar sobre esto, para enfrentar esto del consumo de drogas, sobre todo de drogas que son muy dañinas para los jóvenes (Politicomx, 2019: s/p).

A pesar de que esta declaración y campaña no parezcan contravenir necesariamente los esfuerzos por legalizar la marihuana, cuyo principal objetivo es también atacar la violencia en el país (Expansión, 2019), sí sustentan un discurso prohibicionista tendiente a eliminar todo consumo, sea problemático o no, y a buscar la cooperación conjunta del principal promotor de la cultura prohibicionista, que es Estados Unidos.

Adicional a esto, los esfuerzos del nuevo gobierno por implementar una Guardia Nacional parecen tener acercamientos de altos contrastes a la problemática derivada de las drogas ilegales en el país. Por un lado, se busca un acercamiento pacífico a eliminar el problema del narcotráfico, con una primera legalización de la marihuana que podría abrir las puertas a reglamentaciones de otro tipo de drogas y a políticas de reducción de daños y distintas aproximaciones al fenómeno del consumo de drogas; por el otro, un acercamiento de corte similar al dado por Felipe Calderón en su Guerra a las Drogas, habiendo el país experimentado ya las bajas civiles y el aumento en la violencia que esta medida desencadenó.

Conclusiones

Los avances en materia de políticas de drogas van a verse severamente coartados por desinformación y prejuicios que vienen desde varias décadas atrás. Antaño podría creerse que la proximidad con Estados Unidos sería el principal causante de políticas prohibicionistas en México, mas es importante tomar en cuenta, también, los discursos higienistas y morales nacientes de la tendencia evangélica-cristiana del país, así como de gobiernos de corte paternalista.

México se encuentra indudablemente al borde de un avance fundamental, que parece ser llevado a cabo de manera correcta. El resto de los elementos a implementarse coherentemente con un modelo informado y completo de las drogas, seguramente vendrán de forma incrementalista y

//al paso de que nuevas generaciones menos afectadas por prejuicios de antaño, dejen el corte moralista de las políticas de drogas y se enfoquen en atacar directamente las problemáticas reales; tengan la oportunidad de ser parte de círculos de decisión fundamentales.

El cambio final que dé el giro a las actuales aproximaciones de políticas al fenómeno de las drogas, no obstante, va a verse cuando existan cambios en el sistema económico capitalista que indudablemente se ve beneficiado con el modelo prohibicionista (Harrod & Friedman, 2016). Este giro, sin duda internacional, parece estar cada vez más cerca, mientras problemáticas ambientales, sociales y económicas orillan a reinventar o repensar el sistema actual. En palabras de Chomsky (2018), estamos viviendo una actualidad en la que la tendencia al desarrollo humano trata de identificar estructuras de jerarquía, autoridad y dominación que tienden a limitar este desarrollo, planteándole un razonable reto: justifíquense.