En los últimos meses, la protesta pública de la sociedad civil en contra de la militarización del país se ha erguido como uno de los más fuertes contrapesos al discurso militarista del gobierno entrante. Frente a ello, el presidente López Obrador ha externado que reprueba que sean siempre los expertos los que deciden: “[...] puro experto, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas [...], unos cuantos expertos opinando por todos”.³ Sin embargo, la relevancia de la llamada “sociedad civil”, constituida tanto por especialistas como por organizaciones y víctimas directas de la violencia en México, es insoslayable a la hora de proponer y construir políticas públicas coyunturales para enfrentar la grave problemática de seguridad que aqueja al país. Y es que la falta de información veraz sobre la actuación de las fuerzas armadas en los hechos violentos en que han estado involucradas, junto con la opacidad y falta de transparencia del gobierno –en particular de la SEDENA–, impiden la objetividad e imparcialidad en la toma de consciencia ciudadana, y han propiciado la construcción de una narrativa popular sesgada y una percepción tergiversada sobre el conflicto armado nacional.⁴

La militarización de tareas policiales –oculta ahora en el eufemismo de la Guardia Nacional– no es un fenómeno nuevo. Entre 1960 y 1980 se levantaron diversos movimientos guerrilleros rurales (alrededor de 29) que fueron reprimidos por el ejército mexicano dejando centenares de muertos y desaparecidos.⁵ La matanza de Tlatelolco a raíz del movimiento estudiantil de 1968, la matanza del Jueves de Corpus (El Halconazo) de 1971, la matanza de Acteal (1997), la matanza de Tlatlaya (2014) y la matanza de Ayotzinapa (2014) dan evidencia contundente del uso de la violencia física por parte del Ejército para sofocar movimientos civiles.

El 15 de noviembre del año pasado, López Obrador dio a conocer su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018, días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior decretada un año antes por Peña Nieto. Ésta buscaba dar fundamento legal a las acciones de seguridad pública de las fuerzas armadas contraviniendo a la Carta Magna. Sin embargo, y para evitar los impedimentos legales, el nuevo Plan de Seguridad de AMLO propuso reformas constitucionales profundas para crear una institución –en esencia militar pero de ropaje civil–, con estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación castrenses, encargada de tareas de seguridad pública tales como la prevención, persecución e investigación de los delitos. Lo hace, además, “sin prever controles externos serios –como un comité permanente del poder legislativo con facultades de investigación y para realizar visitas en el sitio–, mecanismos de rendición de cuentas u obligaciones de transparencia”.⁶

Con la aprobación tanto del Senado como de la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional,⁷ el discurso de campaña “Abrazos, no balazos” ha quedado virtualmente sobrepasado, dando continuidad –pero ahora de manera constitucional– a la estrategia iniciada en 2006 con Calderón y que diseminó por todo el territorio a más de 5,000 elementos de las fuerzas armadas. Esta política de “combate a las drogas” se ha movido activamente hacia una mayor militarización y centralización con resultados bastante pobres e incluso perversos, que incluyen violaciones graves a la Constitución y que, en retrospectiva, está asociada con la enorme escalada de violencia que sufre el país socavando las capacidades institucionales de los gobiernos federal y locales.⁸

Alejandro Madrazo Lajous, especialista y experto en estos temas y activo promotor de la desmilitarización, dialoga con nosotros amplia y puntualmente sobre la llamada “guerra contra las drogas” con cifras y datos esclarecedores del real acontecer y que ponen de manifiesto la necesidad de resituar el impacto de las fuerzas armadas en la violencia que se vive en el país.⁹

¿Dónde se encuentra México en relación con el tráfico de drogas ilícitas y el incremento de la violencia en territorio nacional?

México es un país clave en la ruta de trasiego de drogas del sur de América hacia Estados Unidos. En los años noventa, en el contexto de la continuada política de prohibición de drogas iniciada desde 1940 por la presión del vecino del norte, pero con cambios institucionales que implicaron la fragmentación de la protección gubernamental de ciertos corredores de trasiego, las organizaciones de traficantes poco a poco desarrollaron la necesidad y, después, la capacidad para reclutar y entrenar grupos armados privados para proteger sus intereses; incluso, reclutaron a funcionarios gubernamentales y a algunos militares, quienes cambiarían no sólo la mecánica de la violencia, sino sobre todo aumentarían su visibilidad pública. Dichas estructuras fueron usadas para proteger sus rutas y expandir sus operaciones en detrimento de sus competidores. De esta manera, el siglo XXI en México inició con la aparición de varios espacios regionales de violencia por la disputa territorial de las bandas de narcotraficantes,¹⁰ pero que se percibían como una crisis nacional por lo sanguinario de las nuevas prácticas criminales, heredadas del entrenamiento contra-insurgente de los militares reclutados por el narco.

La creciente visibilidad de este nuevo tipo de violencia generó un sentido de urgencia en la población, que esperaba del gobierno contener el crimen y la violencia. Esa percepción coincidió con una contienda electoral presidencial en 2006 cuyo triunfador tenía un enorme déficit de legitimidad, por las condiciones en que había transcurrido la campaña y lo cerrado del resultado electoral. En esa coyuntura, el presidente Calderón, a fines de 2006, llevó la prohibición a niveles sin precedentes, iniciando el despliegue diario de lo que llegaría a ser un promedio de 52 mil soldados en todo el país, sin incluir otras fuerzas federales como la Marina o la Policía Federal.

//Es decir, entre 2006 y 2011 el incremento fue de 70%. Esta decisión de militarizar –cada vez más– la guerra contra las drogas, resultó ser costosa en términos de vidas humanas, estado de derecho, control del delito y capacidad institucional.

Ha quedado demostrado que la violencia estatal, especialmente en contextos de baja capacidad institucional y corrupción, conduce a una mayor violencia por parte de las organizaciones criminales que enfrentan al poder del Estado incrementando su capacidad de respuesta violenta. El número de enfrentamientos entre autoridades y supuestos grupos de delincuencia organizada apunta a este hecho: en 2007, el Ejército Mexicano reportó 48 enfrentamientos; en 2011, reportó 1,009.¹¹

¿Cómo ha impactado el incremento de las fuerzas militares en territorio nacional?

El aumento de las “bases de operaciones mixtas”, una infraestructura permanente desde la cual las fuerzas federales llevan a cabo tareas de seguridad pública, es reflejo de un uso cada vez mayor de las fuerzas militares en los estados. En 2012, la SEDENA informó de 75 instalaciones de este tipo, mientras que para 2016 había 142 bases en 24 de las 32 entidades federativas. Así, lo que en un principio se presentó como una medida temporal y coyuntural –el uso de las fuerzas militares para controlar a los cárteles de la droga– se ha convertido en parte de la cotidianeidad en muchos sitios del territorio mexicano.¹²

La mayor militarización de la lucha contra las drogas también ha tenido repercusiones en el funcionamiento de las instituciones involucradas. Los estudios al respecto sugieren un aumento sostenido en el uso de la fuerza letal, así como de prácticas ilegales como la tortura, violaciones al debido proceso e incluso ejecuciones extrajudiciales.¹³

//La letalidad de las fuerzas federales es tan grande que parece que hay una política de ejecución extrajudicial sistemática y, si no es una política, sí es una práctica extendida en distintas partes del país y a lo largo de los años.

¿Qué panorama revelan algunas de las cifras y datos encontrados?

Adicionalmente al incremento en el número de las fuerzas armadas desplegadas, cifras como las del Gráfico 1 muestran el desarrollo paulatino de una estrategia de erradicación de evidencia (heridos); es decir, se observa cómo entre 2007 y 2011 ha aumentado el número de combates en los que no quedan heridos –esto es, potenciales testigos en una investigación penal–. El Gráfico 2 muestra la letalidad¹⁴ incalculable y los civiles muertos en México, esto es, la letalidad que no se puede medir porque carece de uno de los dos números que componen la relación (en este caso, heridos). En el Gráfico 3 se observa la superior letalidad de la SEDENA en comparación con la letalidad del ejército de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Croacia en distintas guerras desde mediados del siglo XX. El Gráfico 4 muestra los tipos de maltrato/tortura por delitos contra la salud y su incremento a partir de Calderón.

Gráfico 1. Combates con muertos, pero sin heridos

Fuente: Versión extendida de Madrazo et al. (2018) elaborada con el registro de eventos CIDE-PPD.

Gráfico 2. Letalidad incalculable y civiles muertos

Fuente: Elaboración de Madrazo et al., 2018. ELI es acrónimo para “eventos de letalidad incalculable”.

Gráfico 3. Letalidad en guerras

Fuente: Elaboración de Alejandro Madrazo con datos de Catalina Pérez Correa en “Índice de letalidad 2008-2014” y Coupland and Meddings, 1999.

Gráfico 4. Maltrato/tortura por delito

Fuente: Ana Laura Magaloni, "La arbitrariedad como método de trabajo: La persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón", en De la detención a la prisión, C. Pérez Correa (ed.), CIDE, 2015.

A más de 10 años de haber iniciado la militarización del país, ¿dónde nos encontramos?

En México, la prohibición y la guerra contra las drogas han llevado a una tragedia humana sin precedentes: multitud de muertes prevenibles, desplazamiento poblacional forzado y desapariciones. Entre 2006 y 2017, por ejemplo, se registraron 251,633 homicidios en el país. En 2006, el INEGI reportó 10,452; para 2011, esta cifra alcanzó un pico de 27,213 y, aunque disminuyó ligeramente durante los años siguientes, para 2016 alcanzó el número de 24,559 homicidios. El año 2017 concluyó con más de 31,000 y sin indicios de que la tendencia al alza fuera a ceder. Durante más de dos décadas, México había presentado una caída sostenida y prolongada en la tasa de homicidios, alcanzando un mínimo histórico de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007. Pero para cuando las fuerzas federales fueron desplegadas, la tendencia a la baja se terminó abruptamente y las tasas de homicidios comenzaron a aumentar rápidamente: 50% en 2008 y el mismo porcentaje en 2009, cuando esa tasa llegó a 20 homicidios por cada 100,000 habitantes.¹⁵

¿Qué indicios existen de la relación entre la letalidad, los desplazamientos forzados y la presencia de las fuerzas militares?

Hallazgos recientes demuestran que los operativos conjuntos –la principal estrategia de México contra el crimen organizado– se han relacionado causalmente con el aumento de los homicidios. Los mecanismos a través de los cuales esto sucede no son claros. Sin embargo, los datos existentes destacan dos hallazgos principales: En primer lugar, en promedio encontramos un aumento en las tasas de homicidios en las localidades donde se han desplegado los operativos conjuntos en contra del crimen organizado. En segundo lugar, ese aumento es mayor cuando se trata de fuerzas militares (a diferencia de cuando son fuerzas civiles federales, es decir, la Policía Federal).¹⁶

Los enfrentamientos entre los cárteles, y entre éstos y las fuerzas gubernamentales, colocan a personas inocentes en el centro de la violencia. Cada año más personas abandonan sus hogares en busca de refugio. Un informe de 2017 de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos concluyó que al menos 329,917 personas han sido desplazadas internamente en México desde 2006. El número de personas que dejan municipios violentos en México es entre cuatro a cinco veces más alto que en municipios no violentos en condiciones socioeconómicas similares.¹⁷

Además de los homicidios y desplazamientos, la “guerra contra las drogas” ha dejado al país con un gran número de personas desaparecidas. Según el gobierno mexicano, desde 2006 más de 35 mil personas han desaparecido en el país, y el número parece estar creciendo. Muchos de estos casos son denunciados como desapariciones forzadas, es decir, que en la denuncia una autoridad fue señalada como responsable.¹⁸

¿Cómo afectan a nuestras instituciones las reformas constitucionales adoptadas durante la guerra contra las drogas, las más recientes siendo las que posibilitan temporalmente usar al Ejército en labores de seguridad pública?

Los costos constitucionales ocasionados por las reformas aprobadas incluyen la restricción de derechos fundamentales –como la presunción de inocencia a través del arraigo o el debido proceso mediante la restricción de la potestad de valorar pruebas de los jueces; la conflación de funciones constitucionales, como la militarización de la policía o la eliminación del monopolio del Ministerio Público para la investigación de delitos; y, en general, la ampliación de poderes discrecionales con la correspondiente incertidumbre y vulnerabilidad de la ciudadanía frente a una autoridad sin frenos ni contrapesos. Hoy, esa tendencia se ve potenciada con la autonomía financiera de que gozará la SEDENA con la operación y administración del aeropuerto de Santa Lucía.¹⁹

Agradezco mucho el esclarecedor análisis de la realidad nacional en el tema de la militarización y el combate a las drogas que Alejandro Madrazo amablemente comparte con nosotros. En una sociedad democrática como la nuestra, su aporte, junto con el de distintas organizaciones civiles y especialistas ocupados en el tema de la seguridad pública, debe sustentar sólidamente la toma de decisiones de gobierno, así como la creación de estrategias y políticas públicas que coadyuven al rescate de nuestra nación.

Al mismo tiempo, me parece importante que se considere un aspecto más de gran relevancia no considerado líneas atrás. Frente al colapso de la superpotencia enemiga en la década de los noventa, Estados Unidos ha buscado continuamente justificaciones para continuar con su política de militarización mundial. Para Chomsky, la supuesta “sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo” y la “guerra contra las drogas global” conformaron el pretexto perfecto para mantener su industria bélica y para “intervenir por razones humanitarias” en países estratégicos del sur en general –los que ofrecen recursos y mano de obra baratos, mercados, oportunidades de inversión y de servicios, como México–.²⁰

Estados Unidos lleva hoy en día la batuta en el mundo unipolar de la fuerza. Este país gasta casi lo mismo que el resto del mundo junto en fuerza militar; tiene posesión de cientos de bases militares por todo el planeta y justifica la ocupación de países situados en regiones productoras de energéticos cruciales, con base en la supuesta defensa de los derechos humanos y la guerra contra las drogas. Además, ha incrementado el entrenamiento de oficiales latinoamericanos en los últimos años, superando a los de la Guerra Fría.²¹

No obstante, estudios recientes han demostrado que cuando los militares se involucran en tareas de seguridad pública se debilitan las capacidades de defensa que les competen y para las que están formados. Por dicha razón, la estrategia de militarización tiende a dañar el fortalecimiento, la modernización y la soberanía de las políticas dirigidas a definir las estrategias de defensa nacional y la supervivencia de los propios estados. Esta situación refuerza la posición hegemónica de Estados Unidos en la región y su influencia en las estrategias de las naciones.²²

De allí que Estados Unidos insista en que las naciones latinoamericanas “mejoren” sus capacidades defensivas frente a los fenómenos que considera como amenazas para la región y, más que nada, para ellos mismos. Es decir, busca que se refuercen y amplíen los aparatos de seguridad y militar bajo la idea de “lograr estabilidad en la región y conjurar en conjunto esas hipótesis de conflicto”.²³ Esto se demuestra ampliamente con la cooperación multilateral y bilateral que ofrece en materia de asistencia financiera en seguridad, entrenamiento de funcionarios policiales y militares y en la adquisición de armamento.²⁴ Por medio de diversas estrategias, el dinero se canaliza a través de una gama de programas de asistencia financiera en cada país. En las últimas tres décadas, la mayoría de los programas se ha centrado o ha tenido algún componente relativo a las drogas, siempre desde la perspectiva prohibicionista que busca el control de la oferta. Existen varios programas de financiamiento Estados Unidos-América Latina en los que México es beneficiario: Foreign Military Financing (FMF) $82,665,000 dólares (2017); International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE) $302,775,00 dólares (2018); International Military Education and Training (IMET) $106,325,000 dólares (2018); Section 1004 Counter-Drug and Counter-Transnational Organized Crime $185,411,000 dólares (2017); Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP) $2,911,000 (2016); Iniciativa Mérida $139,000,000 (2016); CARSI $348,500,000 (2016).²⁵

No es de sorprender, entonces, que Estados Unidos insista en mantener en el ámbito internacional una férrea política prohibicionista que busca mantener productiva a su industria bélica, proveyendo de armamento y servicios militares a los países involucrados en la guerra contra las drogas, al mismo tiempo que ostenta el primer lugar en demanda de drogas del continente. Con ello, países como México se quedan con los muertos, y Estados Unidos con las drogas y el dinero.

Por todo lo referido, nos sumamos contundentemente a las voces de instituciones, organismos, expertos y representantes de organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo que rechazan la continuación de la política de militarización nacional. La Guardia Nacional “viola estándares internacionales en materia de derechos humanos, deforma preceptos constitucionales establecidos desde hace siglo y medio y emula un modelo propio de regímenes dictatoriales o antidemocráticos”.²⁶ Y nos adherimos a una de las principales conclusiones del Informe de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas 2011: “[la] guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para las personas y las sociedades alrededor del mundo”.²⁷ Evitemos continuar con esta tragedia nacional.