En 2017, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de su promulgación. Este hecho la hace ser una de las Constituciones vigentes más longevas del mundo, pues la gran mayoría de ellas son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y al fin de la Guerra Fría. Después de seiscientos cambios –entre reformas y adiciones– el contenido inicial ha sido sustancialmente alterado debido a la volatilidad ideológica de los gobiernos en turno, a la inserción de nuevos derechos e instituciones, y a la incorporación de la normatividad para la llamada “transición democrática” que a partir de los años noventa ha permitido que México transite hacia una democracia electoral que aún se encuentra en proceso de consolidación.

Según Hector Fix-Fierro,² el resultado de este largo proceso de cambios es un documento extenso y desordenado que de tener 22,000 palabras inicialmente, cuenta ahora con cerca de 60,000. Además, si bien la Constitución Mexicana es rígida en cuanto a su procedimiento legal especial requerido para reformarla, en los hechos no lo es, por la gran facilidad y rapidez con que se modifica su texto (no olvidemos las aprobaciones “fast track” de leyes en el Congreso).

// Todo lo anterior ha provocado un intenso debate entre los constitucionalistas en cuanto a la necesidad de expedir una nueva Constitución, mientras que otros opinan que no existen las condiciones que justifiquen el hecho.

Ambos grupos acordarían, sin embargo, que la Constitución vigente todavía no incorpora los cambios necesarios y deseables para el sustento legal del país, en tanto que es igualmente importante la reducción y reordenación del texto actual, puesto que muchos de sus ordenamientos han dejado de ser vigentes (piénsese tan sólo en el artículo 28 Constitucional³ que establece al servicio de correo postal como parte del sector estratégico del desarrollo nacional, mismo que por Ley debiera ser un servicio de prestación única y exclusiva a cargo del gobierno, cuando en la práctica se observa la inviabilidad de la utilización única del Servicio Postal Mexicano, ante lo cual existe un sinnúmero de empresas particulares que ofrecen servicio de correo en flagrante violación al texto constitucional).⁴

Adicionalmente, el continuo proceso de reforma ha introducido en el texto supremo un notable desorden y falta de técnica en los temas, lo que se refleja en: presencia de disposiciones duplicadas, uso inconsistente de la terminología, disparidad en el alcance y profundidad de la regulación, errores en la actualización del texto, un incremento evidente de su extensión alcanzando dimensiones de disposiciones propiamente reglamentarias (muchos artículos parecen desarrollar verdaderos programas de gobierno y diseñar auténticas políticas públicas, lejos de establecer solamente los lineamientos esenciales que hacen posibles a unos y otras; de allí que al cambiar la prioridad política, se hace necesaria –nuevamente– la reforma).

Para Fix-Fierro, no son necesarios los estudios empíricos para saber que en los países latinoamericanos la Constitución cumple de manera muy deficiente las funciones de unidad e integración sociales.

//Es fácilmente observable la gran distancia que existe entre el país “legal” y el país “real”, así como las grandes brechas económicas, culturales, educativas y políticas de la sociedad; es evidente que la Constitución está lejos de formar el centro de un proyecto social común.

Por otra parte, encuestas realizadas en México demuestran que aunque los ciudadanos la consideran importante, dicen no conocerla y juzgan que no se cumple. Advierten que de ella se habla principalmente en la escuela y muy poco en los medios de comunicación, y muchos de ellos no se sienten legitimados para opinar sobre ella.

Es así que este centenario de la Constitución de 1917 debiera propiciar el escenario adecuado para cuestionarse si no es momento de realizar una reforma constitucional, pero no a manos de la elite política, sino una que surja de la participación ciudadana, para modernizar a la Constitución vigente, insertándola en las disposiciones de las leyes y tratados internacionales. Una Ley Suprema que abra la puerta a una nueva dinámica que permita que la sociedad mexicana en su pluralidad avance a mayores niveles de desarrollo democrático, político y jurídico. En palabras de Vincenzo Ferrari:⁵

El exceso de referencias normativas, unida a su frecuente inaplicabilidad, produce un cierto grado de incomunicabilidad y de desconcierto, es decir, de anomia: demasiadas normas terminan por ser equivalentes a ninguna norma. Los límites entre lo lícito y lo ilícito se confunden hasta hacerse impalpables y la distancia entre las normas y las prácticas no sólo aumenta, sino que corre inclusive el riesgo de perder significado, revelando despiadadamente la relatividad del concepto de eficacia del derecho, con el cual se designa comúnmente la correspondencia entre los efectos producidos por un acto normativo y las intenciones de quien lo ha dictado [...]. Si no está claro cuál sea la norma o si hay dudas insolubles sobre su interpretación, la eficacia se convierte en una cuestión de perspectiva [...].⁶

De allí que justamente a 100 años de la promulgación de la Constitución Mexicana, cabe preguntarse si el México que hoy tenemos responde a las expectativas de justicia e igualdad social plasmadas por primera vez en la historia en una Carta Magna –la nuestra–, y que fueron producto de un largo e intenso movimiento social y político, en el que se luchó por lograr mejores condiciones de vida para los mexicanos. La reflexión crítica sobre lo hoy obtenido, aunado a una comprometida participación cívica y ciudadana, pueden ofrecer un vasto panorama de auténticas posibilidades de desarrollo y crecimiento nacional. Está en nosotros el llevarlo a cabo.