Preguntémonos ahora qué cosa es, no ya en general, el pensamiento laico, sino el pensamiento político laico. ¿En qué consiste una postura política laica, una política laica? En conformidad con el razonamiento seguido hasta aquí, debemos asumir que esta expresión, “política laica”, no identifica una orientación política unívoca, sino más de una; o mejor, que indica un carácter común de algunas ideas políticas (no todas), precisamente ese rasgo que sirve para diferenciarlas de una orientación política confesional. Tal carácter resulta definido, una vez más, por la suma de los dos principios de la laicidad: antidogmatismo y tolerancia. Es fácil ver que la “versión política” de los dos principios es el derecho al disenso y, consecuentemente, el pluralismo.

//Las ideas políticas (digamos incluso las “ideologías”, en el sentido más extenso, sobrio y neutro de este término hoy en desuso) antidogmáticas y tolerantes son precisamente aquellas que, a pesar de ser diferentes y estar incluso en conflicto, reconocen recíprocamente el derecho al disenso y consideran el pluralismo de los puntos de vista no sólo como un hecho inevitable de la vida social, sino como un valor:

como una riqueza civil en sí misma, y como la base de la confrontación y de la discusión pública a través de la cual cada uno pone a prueba las ideas propias, las corrige, las modifica y las perfecciona. Pues bien: las ideologías antidogmáticas y tolerantes, y en este sentido laicas, pueden encontrar la garantía de su existencia misma, de su convivencia y competencia recíproca, solamente en las reglas del juego democrático.

//La democracia es el régimen de la tolerancia: si una facción un partido o un movimiento político, una vez alcanzado el poder, incluso aunque lo haya logrado con el apoyo de una amplísima mayoría, reprime el disenso, con ello mismo mata la democracia.

La vida pública de una colectividad sólo puede definirse como democrática si cada uno tiene el derecho de expresar su opinión política, por heterodoxa que sea, y de ver equitativamente (proporcionalmente) representada la heterodoxia propia en los lugares institucionales donde se delibera en torno a los problemas colectivos. En consecuencia, la democracia es el régimen antidogmático por excelencia: dado que la formación de las decisiones colectivas se funda sobre la confrontación libre entre todas las concepciones políticas, ninguna idea (ideología) particular, incluso si fuera compartida por la enorme mayoría de los ciudadanos, puede afirmarse como una verdad oficial. Identificar sin más la democracia con el principio de mayoría, proponiéndolo como principio absoluto, es un error clamoroso por múltiples razones. Antes que nada porque una democracia sólo es tal si mantiene abierta la posibilidad de que las mayorías cambien en el tiempo, y con ellas las orientaciones políticas prevalecientes y las direcciones decisionales del gobierno. Por lo tanto, ningún contenido decisional determinado, derivado de la orientación política eventualmente “mayoritaria”, puede imponerse como un dogma público indiscutible e inmodificable. Pero también vale lo inverso: ningún dogma, aunque fuera “creído” por la totalidad de los ciudadanos, puede imponerse, en una democracia, como decisión política.

//Una colectividad cerrada al disenso, aunque sea eventual y futuro (de las futuras generaciones), no es una democracia. Entre decisión democrática y dogma hay una incompatibilidad de principio. La democracia es laica o no es democracia.

Una democracia confesional, una “democracia cristiana” o, por ejemplo, hebrea, o islámica, o hinduista, etc., se muestra de inmediato con toda evidencia como una contradicción en los términos.

En este punto, alguien podría objetar que partidos de inspiración religiosa están presentes, y en algunas ocasiones prevalecen, en numerosos sistemas políticos generalmente considerados plenamente democráticos: por ejemplo en Alemania, en Italia, en España, por no hablar de Israel, etc. ¿Es quizás un error considerarlos así? ¿La existencia de partidos confesionales es quizás asimilable a una aporía en un régimen democrático? ¿Un partido religioso se debe tener por definición, por su naturaleza misma, como antidemocrático? Estas interrogaciones pueden parecer a primera vista preguntas retóricas con segura respuesta negativa. Si fuese en verdad así, podrían ser usadas como base para una refutación, al menos parcial, de mi tesis, que afirma la equivalencia entre laicidad y democracia. Quisiera en cambio defender esta tesis, insinuando alguna duda sobre la plena compatibilidad democrática de los partidos confesionales, que a mi entender sólo es admisible bajo ciertas condiciones.

Pero antes que nada quisiera invitar a distinguir dos niveles de significado en la noción de “laicidad”. En un primer nivel, inmediato e intuitivo (es la intuición sobre la que me he basado en mi declaración inicial de no-fe), la idea que expresamos con el término “laico” se contrapone a la que indicamos con el adjetivo “religioso”: donde este último califica un sujeto que se adhiere íntimamente, por fe, a una verdad revelada, y/o a una institución construida en torno de ella, y/o a un cuerpo de doctrina sobre el ser y el deber anclada (fundamentalmente) en un principio trascendente. Los dos términos, “laico” y “religioso”, resultan así interdefinidos por negación recíproca. Pero en un segundo nivel, esta contraposición conceptual cae o debe reformularse: de hecho, incluso un religioso, se trate de un sujeto individual, de una persona privada, o bien de un sujeto colectivo, por ejemplo un partido o un movimiento político cristiano (o hebreo o islámico o budista, etc.), puede ser definido, y definirse a sí mismo, como “laico”, en la medida en que reivindique toda la libertad de conciencia no sólo para sí sino para todos, es decir, actúe para la garantía y la promoción universal del derecho al disenso. En este significado más amplio, pero todavía en un cierto modo coherente con los principios fundamentales de la laicidad, el término “laico” se contrapone no a “religioso” sino más bien a “teocrático”, o a “autoritario”, y puede designar también un partido o un movimiento político de inspiración religiosa, con la condición de que no tienda a imponer su “verdad” a los que no la comparten, apelando a su fuerza numérica, eventualmente preponderante, o a una (presunta y pretendida) autoridad moral cualquiera, por ejemplo la de un iglesia determinada. La condición primera y esencial de compatibilidad democrática de un partido religioso, aunque sea incluso mayoritario, reside precisamente en la disposición a no imponer sus convicciones y argumentos propios, sino a proponerlos a la discusión, aceptando confrontarlos ante la opinión pública con otras convicciones y argumentos de cuño no-religioso (“laico” en el primer y más estrecho significado). Y el proceso de deliberación colectiva,—por usar una fórmula habermasiana: el proceso de formación de la opinión y de la voluntad, si es suficientemente libre y equilibrado, puede reservar sorpresas a aquellos partidos e instituciones que cuentan con los vínculos previos de fidelidad y lealtad de los propios miembros hacia la autoridad y los preceptos religiosos. En suma, el resultado decisional no puede nunca darse por descontado, sobre todo cuando la confrontación democrática se mantiene en el plano de la argumentación puramente civil, sin ningún reclamo chantajista a obligaciones de fidelidad eclesiástica, o a premios y castigos ultraterrenos, etc. Pues hace falta de cualquier manera subrayar que el recurso a ciertos argumentos y símbolos religiosos para consolidar el consenso, presuntamente mayoritario, en torno a las tesis sostenidas por partidos y movimientos confesionales puede compararse con el uso de un arma impropia y, en una democracia, tendencialmente ilegítima, pero no basta. Una democracia, si quiere permanecer tal, debe reconocer restricciones y límites a la decisión mayoritaria misma. En síntesis: una decisión democrática no puede tener como contenido una lesión a las condiciones y/o a las precondiciones de la democracia. Entre las precondiciones de la democracia considero un cierto modo de establecer las relaciones entre la política (y el derecho), de un lado, y la moral, del otro. El argumento obviamente es demasiado complejo y no puede afrontarse en pocas líneas. Pero en la perspectiva de nuestro tema de discusión, han de fijarse algunos principios generales.

// En primer lugar, lo que podría llamarse la “esfera de lo íntimo” debe ser presidida por el principio del máximo respeto por la autonomía individual, que es el fundamento mismo de la convivencia democrática.

Las “cuestiones últimas” que hoy, también como consecuencia del desarrollo de la biotecnología, vuelven a dividir en forma renovada a los laicos (en el primer sentido) y a los religiosos (pero sobre todo a los católicos) tienen que ver precisamente con la esfera de lo íntimo: es decir, con las convicciones sobre los confines de la vida y de la muerte, sobre la salud y la enfermedad y sobre los medios de terapia, sobre los modos de la reproducción y (tema obstinadamente recurrente) sobre las costumbres sexuales. Cuando se considere oportuno o necesario regular políticamente estas materias, la esfera de las obligaciones y de las prohibiciones jurídicas debiera ser, al menos, contrabalanceada por una amplia esfera de licitud y discrecionalidad individual. Como forma de ulterior defensa de la autonomía individual, sugiero que se podría reconsiderar la figura de la “objeción de conciencia”, que ha sido tradicionalmente invocada por movimientos confesionales y justificada con motivos religiosos, pero que también podría reivindicarse como derecho laico, frente a ciertas obligaciones y prohibiciones eventualmente derivadas de una legislación inspirada, en todo o en parte, en doctrinas religiosas.

// En segundo lugar, y más en general, no será superfluo insistir en que la democracia, en la medida en que consiste en un proceso decisional por principio libre e igualmente abierto a todas las opiniones, se funda por eso mismo en el reconocimiento y en la plena aceptación del pluralismo de los valores: si una determinada moralidad, una ética particular, fuese impuesta por ley, transformándose en imperativos jurídicos, se sofocaría la raíz misma del pluralismo.

Todavía más en general, no se debiera olvidar que el Estado moderno, y con mayor razón, el Estado democrático constitucional, es un ente territorial, no una comunidad ética, y mucho menos ético-étnico-cultural. El Estado ético, o peor, étnico-ético, es por definición antidemocrático: impone un ethos incluso a los que no lo comparten, o podrían (en el futuro) no compartirlo. El principio “un pueblo, un Estado”,—o aquel sustancialmente equivalente, hoy de moda: “una cultura (religiosa o no), un (cuasi) Estado, es al mismo tiempo imposible y funesto: en primer lugar es mistificador, como se podría demostrar ampliamente, porque no existe ningún “pueblo”, ninguna “nación” (grande o pequeña), que sea representable como una unidad histórico-natural homogénea de estirpe y de cultura, y que como tal coincida efectivamente, en un territorio dado, con un agrupamiento humano concreto de con-vivientes: y por consecuencia, en tanto quiere imponer una tal homogeneidad presunta (y ficticia), es un principio autoritario y antidemocrático.