Aunque parezca ocioso señalarlo, el Diccionario de nuestra lengua define el concepto de pensión como “la cantidad anual o mensual asignada a una persona por los servicios prestados en su empresa o fuente de trabajo”. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la pensión “corresponde al monto de dinero que recibe el trabajador al término de su vida laboral, en caso de invalidez o incapacidad; y que la jubilación se alcanza al cumplir con la edad y el periodo de empleo determinados en las normas de cada país o sistema de seguridad social. En la mayoría de los casos, la edad oscila entre los 60 y 65 años, y el periodo de empleo entre los 30 y 40 años de servicio. Al alcanzar la edad o el periodo de empleo se adquiere el derecho al pago de una pensión”. Al respecto, los expertos en el tema afirman que el pago de pensiones es uno de los problemas económicos de solución difícil que enfrentan los gobiernos de muchos países, incluyendo a México y a sus universidades públicas.

Recientemente, Orquídea Soto publicó un interesante artículo sobre este asunto en el cual señala que: “El problema es grave y ya está aquí, el pago de pensiones engrosa la deuda de estados y universidades, y amenaza con quebrar las finanzas públicas. Y mientras muchos jubilados tienen que trabajar por las bajas pensiones que reciben, otros cobran pensión doble y ganan como altos ejecutivos. Además, el IMSS en 1997 y el ISSSTE en 2010 pasaron de un esquema de aportaciones colectivas a uno conformado por cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación. El argumento para realizar la reforma fue que el sistema de beneficios definidos ya no era sostenible, pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto, habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones)”. En ese mismo artículo, Esteban Martina, socio director de Pro Consulting opina que “las universidades estatales tienen, con relación a las pensiones, 400,000 millones de pesos no fondeados, es decir, que no tienen reservas para hacerle frente a este adeudo” (Revista Forbes-México, agosto de 2016).

Respecto a este problema, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) estableció en el año 2004 un Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo… ¿Cómo y por qué se estableció ese fideicomiso? La historia inicia con la escasez de recursos económicos de la UAA para pagar las pensiones a su personal académico, administrativo y de confianza, y con la necesidad de encontrar un mecanismo que evitara el desequilibrio de sus finanzas. En este contexto, en el segundo periodo rectoral del doctor Antonio Ávila Storer (2002-2004), los presidentes de la ACIUAA y del STUAA, el doctor Eduardo de la Cerda González y la señora Patricia Rivera Valle, respectivamente, analizaron este problema en asambleas de los sindicatos que presidían. La propuesta que se planteó para ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada fue nada más y nada menos que la corresponsabilidad económica del personal de la UAA en el financiamiento de sus pensiones. Ampliando la idea, se pretendía establecer un Fideicomiso que apoyara el pago de pensiones de los trabajadores de la UAA, para que éstos recibieran salario íntegro, con aportaciones del Gobierno Federal, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, en los porcentajes que fueran aprobados y establecidos en sus respectivos Contratos Colectivos de Trabajo.

Basada en estudios actuariales, esta propuesta representaba una salida viable para mantener sanas las finanzas de la Institución, pero al mismo tiempo era una verdadera “papa caliente” para los líderes y miembros de las directivas de la ACIUAA y el STUAA, ya que se debían modificar los respectivos Contratos Colectivos de Trabajo. En efecto, la opinión de la comunidad universitaria se dividió ya que hubo trabajadores que apoyaban la propuesta mientras que otros la rechazaban. La ACIUAA organizó foros de consulta en los Centros académicos para conocer la opinión de sus afiliados respecto a la corresponsabilidad del pago de las pensiones. Además, en sesiones ordinarias y extraordinarias, los miembros de los sindicatos de la UAA analizaron y discutieron los estudios actuariales que dieron origen a la propuesta de reforma del pago de pensiones y jubilaciones. Hubo asambleas candentes de la ACIUAA, en las que se acusó al doctor Eduardo de la Cerda de ser un “líder charro” por anular las conquistas contractuales hechas por sus predecesores. No obstante, luego de meses de trabajo, en una larga asamblea extraordinaria, el actuario que realizó el estudio de factibilidad del Fondo de Pensiones presentó su trabajo y, luego de una acalorada discusión, la propuesta fue aprobada por mayoría.

// De manera resumida, se aprobaron las siguientes modificaciones contractuales: 1) el personal contratado antes de la reforma podría jubilarse a los 30 años de servicio y 60 de edad, 2) el personal contratado luego de la aprobación de la reforma se jubilaría con 30 años de servicio y 65 de edad, 3) el personal de la UAA aportaría de manera progresiva hasta el 10% de su salario nominal, al Fondo de Pensiones y Jubilaciones.

Vino luego la integración de un Consejo Técnico para atender el manejo de los recursos del Fondo cuyos miembros fundadores fueron: Dr. Antonio Ávila Storer (Rector y Presidente del Comité), M. en Soc. José Ramiro Alemán López (Secretario Gral. de la UAA), C. P. Gustavo Alberto Báez Mascorro (Director Gral. de Finanzas); por la ACIUAA, Dr. Eduardo de la Cerda González (Presidente), Dr. Armando González Pérez (Vicepresidente) y la M. en Inv. Isabel Almeida de Ibarra (Secretaria); por el STUAA, Sra. Patricia Rivera Valles (Secretaria Gral.), Sra. Verónica Venegas Licea (Secretaria de Finanzas) y Sr. Saúl Hernández Dorantes; por los trabajadores administrativos de confianza la Lic. Rita Aideé Margaritha Vélez Zúñiga, el Sr. José Ornelas de Anda y el Sr. Roberto Bernal Castañón. El trabajo de este Comité fue apoyado por el Lic. J. Jesús González Hernández, Abogado General de la UAA. Abro un paréntesis para señalar que una enfermedad grave acabó con la vida de una persona joven y valiosa como lo fue la señora Patricia Rivera Valles (RIP). 

El Comité antes señalado elaboró el Reglamento General de Operación del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la UAA, el cual entró en funciones el 1º de enero de 2004. El artículo 4 de dicho Reglamento establece que: “El fondo de Pensiones y Jubilaciones se manejará financieramente a través de un Contrato de Fideicomiso celebrado con Institución Fiduciaria autorizada por la legislación mexicana, misma que será designada por el Comité Técnico del Fideicomiso”. Para ello, luego de analizar las propuestas de varias instituciones bancarias se seleccionó a Banorte como Institución Fiduciaria encargada de manejar los recursos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. El contrato fue firmado el 2 de septiembre de 2004 con un capital inicial de $142’443,818.15. Quien escribe estas líneas participó en las sesiones de elaboración del Reglamento antes mencionado y firmó el Contrato del Fideicomiso en calidad de Catedrático suplente (mea culpa).

Conviene señalar que en la página de la UAA se encuentra la información relacionada con los apoyos federales otorgados para el fortalecimiento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del 2002 al 2014, dos ejemplos: en 2003 y 2014 se recibieron $85’040,000.00 y $14’591,864.00, respectivamente. Además, la página de la ACIUAA describe un reporte de la Dirección General de Finanzas relacionado con las aportaciones al Fondo del personal docente y de la UAA, durante el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2015. Los recursos aportados por los docentes a este fondo fueron de $5’291,412.37, mientras que la UAA aportó la cantidad de $7’937,130.37. Es pertinente señalar que en los contratos colectivos de la ACIUAA y del STUAA se establecen los requisitos para obtener la jubilación. Para concluir, lo anteriormente descrito es un claro ejemplo del interés del personal académico, administrativo y de confianza por mantener sanas las finanzas de la UAA y por participar en el desarrollo y funcionamiento adecuado de una universidad pública que ha sabido responder a las necesidades de nuestra región y del país, generando conocimiento y formando profesionistas bien capacitados en carreras de las diferentes áreas del conocimiento.