A pesar de que la situación sobre el Estado de Derecho y la universalización efectiva de los derechos humanos en Aguascalientes podría considerarse menos cruenta que en otras entidades, en las que –por ejemplo– se vive en condiciones de guerra civil gracias a la acción del crimen organizado y a la omisión del gobierno, o que su pobreza alimentaria tiene a la población en condiciones prácticamente de hambruna, o que la profesión de periodista conlleva riesgos mortales; a pesar de eso, igualmente nuestra entidad posee sus propios retos para garantizar a toda la población la salvaguarda de los derechos elementales contenidos en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los referidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus pactos y protocolos facultativos, de los cuales nuestro país es miembro, y a los que las autoridades locales deberían atender de lleno.

//Si bien Aguascalientes ha mantenido distintos indicadores de bienestar cercanos o por encima de la media nacional, hay otros tantos en los que vamos con rezago,

además de otras situaciones de carácter sociopolítico que han impedido a la población estar por encima del umbral en cuanto a derechos humanos y libertades civiles se refiere. Los retos locales que podemos apuntar pueden –sin agotarse en estas líneas– resumirse en los tópicos siguientes:

Procuración de justicia

De acuerdo con mediciones del Índice Global de Impunidad en México² realizadas por la Universidad de Las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en su estudio 2016, Aguascalientes aparece con 7 casos de tortura y un índice que lo coloca como una de las entidades de impunidad alta con 68.37 (la entidad más baja es Campeche con 47.22 y la más alta es Quintana Roo, con 76.61, lo que nos ubica por encima de la media nacional de 67.42). En ese mismo estudio, se caracteriza a nuestra entidad “por sus deficiencias en el funcionamiento de sus sistemas de seguridad y de justicia” y además se afirma algo preocupante: “La cifra negra del estado³ es de 92.9%, estando así a la par de la media nacional, la cual es de 92.8%. Estas cifras son preocupantes ya que nos permiten observar que sólo alrededor del 7% de los delitos cometidos son reportados”. Por otro lado, “el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia es muy alta, casi el doble de la media nacional (63.6%), es decir, hay muchos encarcelados esperando sentencia. Este porcentaje contrastado con el porcentaje de ingresos penitenciarios (79.3%) refleja un rezago en el sistema de impartición de justicia”. Todo lo cual obra, penosamente, en merma de la garantía del derecho humano a la procuración de justicia equitativa, expedita y transparente y, en consecuencia, nos lleva a otro punto igualmente preocupante: el tema carcelario.

En cuanto a la situación de la reclusión carcelaria, ha habido ya señalamientos por parte de los propios internos que se han reflejado en el seguimiento de la prensa sobre el conflicto. Por ejemplo, La Jornada Aguascalientes ha documentado la evolución escalada sobre el tema en distintas notas, como las que se refieren a continuación: “La tardanza de las sentencias representa una de las principales quejas de los presos de los reclusorios del estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El presidente del órgano, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, informó que los internos que enfrentan un proceso judicial tras las rejas acusan falta de atención por parte del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debido a la demora de las resoluciones que los absolverán de los cargos que se les imputan, o bien, que les impondrán las purgas correspondientes”.⁴ Así también, el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Frausto Ruiz Esparza, declaró al mismo diario que un alto porcentaje de los internos del Centro de Readaptación Social (CERESO) espera sentencia, pero que los procesos penales llegan a ser tan extensos que “se dan casos de que cuando se dicta la condena, ésta ya se cumplió y hasta rebasó el tiempo en que estuvieron en prisión preventiva”.⁵ Dado lo anterior, con hacinamiento carcelario y deficiencias en la procuración de justicia, es presumible que éste sea un tema de focos rojos para la procuración efectiva de los derechos humanos.

Rezago en la equidad de género

Aguascalientes es una entidad en la que prevalecen el machismo y la misoginia como modelos culturales. A colación de la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que se muestran indicadores sobre el Índice de Desigualdad de Género en México que colocan a Aguascalientes como una de las entidades con mayor desigualdad (0.474, ante la media nacional de 0.393), el diario Página 24 explica que: “El IDG permite conocer la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre mujeres y hombres midiendo la diferencia en el logro entre ambos sexos en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Según refiere la publicación, cuando el IDG tiene un valor cercano a cero, el panorama de desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno, las desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias”.⁶ Luego de la publicación de este dato y de acuerdo con Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, entrevistada por el diario local Página 24, estamos “sin avances en el tema de políticas públicas con perspectiva de género, pero, además, este año ocupando el primer lugar en este índice de desigualdad en el desarrollo de género en Aguascalientes, es decir, el crecimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres afectando claramente a las mujeres [... que se] refleja en el aumento en el índice de violencia en Aguascalientes, donde todo tiene que ver, todo está de la mano con las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, así como con el que las mujeres adolescentes estén desapareciendo de sus espacios, de sus familias”. También de lo anterior hizo eco el periódico La Jornada mediante un texto de Eugenio Herrera Nuño, en el que afirma que “Aguascalientes tiene el indicador con mayor desigualdad para las mujeres de todo el país, con un valor del IDG de 0.474, semejante a Burundi, ubicada entre Tanzania y República del Congo en el África subsahariana”.⁷ Lo anterior nos pone en un panorama nada halagüeño para la universalización de los derechos.

Desigualdad social

Para empeorar lo anterior, además de que ser mujer en Aguascalientes es una condición de vulnerabilidad, la desigualdad social en general afecta a grandes segmentos poblacionales: segmentos que no cuentan con seguridad social o que viven en zonas a las que no ha llegado la cobertura universal de servicios básicos; que no tienen escuelas cerca; a los que la seguridad pública no llega o llega muy tarde; que las pésimas condiciones de transporte público y de movilidad los aíslan de las dinámicas del desarrollo; que la oferta laboral no está cerca, por lo que tienen que desplazarse en condiciones desfavorables en términos de seguridad pública, gasto, tiempo, etcétera; y que, en general, sus condiciones se reproducen para la siguiente generación, perpetuando una atroz desigualdad. En el municipio de Aguascalientes podemos constatar lo anterior mediante una rápida visita a zonas como Cumbres III, Anexo Palomino, Lomas de Nueva York, “Ciudad Gótica”, etcétera, pero en el resto de la entidad hay otras zonas igualmente rezagadas, con la agravante de que el acceso a los beneficios de la urbanización es difícil por encontrarse demasiado lejos, como en las zonas más pobres de Asientos, Cosío o Tepezalá, en las que –junto con las zonas urbanas mencionadas y otras más, por supuesto– existe tal precariedad que en esas poblaciones se genera un lumpen proletariado emergente al que no se le puede decir que goza de todos sus derechos.

Como consecuencia concreta de la generación de este lumpen proletariado emergente, de acuerdo con lo que revelan datos de la Secretaría de Salud referidos por el medio electrónico Al Chile Aguascalientes, en el actual sexenio “un total de 413 aguascalentenses de todas las edades fallecieron por desnutrición y otras deficiencias nutricionales”.⁸ Es decir, en Aguascalientes tenemos muertes por hambre (sí, por hambre) que el Estado no supo evitar, violentando así las condiciones de los derechos elementales de un sector de la población.

//Estos tres tópicos (procuración de justicia, equidad de género y desigualdad social) han dejado en vulnerabilidad a gran parte de la población local.

Son temas urgentes que implican no sólo el detrimento de la calidad de vida, sino la vida misma. Es responsabilidad de todos el denunciar, el ejercer presión, el buscar mecanismos de solución para que la autoridad se responsabilice de sus encomiendas y accione medidas para poner a la totalidad de la población en condiciones de equidad ante las libertades civiles y los derechos universales, a fin de que –al tiempo– podamos lograr lo importante: que todas y todos vivamos efectivamente bajo un Estado de Derecho.